Droper: En mis palabras

A estas alturas ya no me sorprendió cuando leí el post de Laura donde menciona la intención gubernamental de continuar interviniendo a diestra y siniestra. Después de las universidades ahora le toco el turno a los clubes privados, la sinrazón continua.

El presidente anunció que el gobierno emitirá un decreto supremo obligando a los clubes a cambiar sus estatutos y normas de ingreso de acuerdo a la Ley de Igualdad de oportunidades, en caso contrario el Estado los atacará con su espada el Poder Judicial y seguramente con su chaveta la Sunat.

Hay algunas instituciones que dolorosamente, en el siglo XXI, mantienen una restricción propia de los siglos XVII y XVIII. La Constitución establece que todos somos ciudadanos, y no puede haber ninguna restricción ni por posición económica, mucho menos por raza o sexo dijo el presidente y todos los peruanos debemos agachar la cabeza, total ya escogimos dictador por cinco años.

Son reglas bastante tontas podemos opinar -y tiene mucho de verdad esa opinión- pero meter al gobierno en entidades privadas que no le competen es un abuso digno de una chacra, no de un país que quiera llamarse República. ¿Quien le ha dado al gobierno esas prerrogativas? , ¿la constitución?, pues a cambiar esta que si permite actos así no merece la más mínima confianza.

El punto acá no es lo bueno o malo del estatuto del Regatas, si a los socios de esta institución les disgustan las reglas están en su derecho de cambiarlas o en caso contrario mantenerlas, al ser fondos privados pueden tener las normas que deseen. Y si a ud. no le gusta, pues nadie lo puede obligar a asistir al citado club.

El punto es que el gobierno no tiene derecho a intervenir en las normas de una institución privada por mucho que a alguien no le gusten, para algo existe libertad de empresa y asociación. Este tipo de actos solo consiguen limitar aun más las indiscutibles libertades ciudadanas.

Si a algún periódico por ahí no le gustara la musica chica, ¿se debería prohibir?

Si un partido político prefiere acallar posiciones contrarias, ¿el estado debe hacerlo?

Si una persona es homosexual, ¿el estado debe obligarlo a negar su condición?

Si un persona no gusta de tener amigos homosexuales, ¿el estado debe obligarlo?

Pero como de costumbre, posiciones izquierdistas se imponen condenando a los ciudadanos a ser borregos del poder. Si el gobierno se va a dedicar a imponer las opiniones de cuanto grupo de presión existe, a donde vamos a llegar.

Espero que todo este sinsentido quede como anécdota, caso contrario será una prueba más de la creciente stalinización del Perú.

Y pensar que Peru21 ya me estaba gustando.

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